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En un comunicado remitido hoy a los medios, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reiteraron que las acusaciones al órgano contralor son por:

  • Obstrucción de la justicia
  • Coalición de funcionarios
  • Falsificación de documentos públicos
  • Asociación de malhechores
  • Complicidad en los tipos penales de desfalco
  • Estafa contra el Estado
  • Lavado de activos provenientes de actos de corrupción

Esto implica que los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

Además de su presidente Hugo Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.

Autorización judicial. El allanamiento de este lunes se produce con base en la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes de febrero de 2021 por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

La designación de Garabito Ramírez como jueza de control de la investigación a la Cámara de Cuentas se produjo luego de una solicitud de la Pepca al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, en virtud del privilegio de jurisdicción que tienen los integrantes del pleno del órgano de supervisión.

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