Enredadord
La Procuraduría General de la República (PGR) ejecuta este miércoles la Operación Discovery para desmantelar una red criminal transnacional que supuestamente estafó a cientos de ciudadanos en Estados Unidos a través de extorsión sexual, económica y el robo de identidad.
La red utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares y en pesos y adquirieron bienes millonarios productos de sus acciones criminales.
El Ministerio Público informó que la red internacional desmantelada con la Operación Discovery, tenía su centro operativo en Santiago, con alcance territorial en Puerto Plata. En Santiago intervinieron varios edificios de apartamentos y locales comerciales dónde operan negocios de call centers.
Los integrantes de la red se dedicaban a cometer crímenes y delitos de alta tecnología. Todos se constituyeron en una asociación de malhechores que usurpaba funciones, y que incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego, establecen las autoridades.
Además de la extorsión sexual y el robo de identidad, los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas para intimidar, enviaban medicamentos utilizando “delivery” e incluso usurpaban funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.
Los operativos
La Operación Discovery se desarrolla en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata, a raíz de una investigación desarrollada durante meses contra los delitos de alta tecnología. En la misma participan 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales.
Durante los operativos se realizan decenas de allanamientos y arrestos de integrantes de la red contra los que el Ministerio Público presentará medidas de coerción en las próximas horas.
En la investigación de la red, el Ministerio Público contó con el trabajo coordinado del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, y la Dirección General de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional.
Las acciones se desarrollan bajo las instrucciones de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.
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