ENREDADORD
El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, reaccionó con furia ante una nueva normativa que busca ordenar y transparentar el uso del presupuesto municipal, calificándola como una “camisa de fuerza”. Pero detrás del discurso, muchos ven otra cosa: miedo al control y al fin del manejo discrecional del dinero público.
La ley establece porcentajes claros para personal, servicios, educación e inversión, y obliga a que las transferencias entre partidas pasen por el Concejo de Regidores. Es decir, menos cheques al dedo y más supervisión. Justamente eso es lo que Peña rechaza.
Mientras el municipio se inunda cada vez que llueve, la delincuencia crece y los servicios básicos fallan, el alcalde no protesta por el abandono de Santo Domingo Oeste, sino por no poder gastar como quiera. Tras varios períodos en el cargo y con pocos resultados visibles, su indignación no parece responder al bienestar ciudadano, sino a la pérdida de margen para el clientelismo político.
Lo revelador es que ningún otro alcalde del Gran Santo Domingo ha salido a despotricar así contra la medida. Solo Peña.
¿Por qué? Porque cuando llega la fiscalización, se acaba la fiesta.
Esta ley no ahoga a los municipios.
Ahoga los abusos.
