El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos discusiones este miércoles la modificación a la Ley general de gestión integral y procesamiento de residuos sólidos, regulando las actividades de recolección, transferencia, transporte, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos, incluidos elementos fabricados con ‘foam’.
El proyecto de ley tiene la finalidad de proteger la salud pública, preservar el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible, dijo el Senado en una nota.El proyecto prohíbe, además, la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plástico, así como vasos y cualquier otro producto fabricado en poliestireno ‘foam’, que no tenga certificación de biodegradabilidad en los términos de la presente ley.
PROYECTO VA A CÁMARA DE DIPUTADOS
El proyecto debe ir a la Cámara de Diputados para su discusión. Este hemiciclo tiene facultad para introducir modificaciones o aprobarlo tal y como lo recibe del Senado.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, la ley establece que toda persona jurídica, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.
Los aportes serán realizados de acuerdo con los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate.
NORMATIVA IMPONE CARGAS ECONÓMICAS
A ese tipo de disposiciones es que se oponen los empresarios, tras considerar que la normativa impone cargas económicas que no guardan relación con la cantidad real de desechos generados por las empresas.
La falta de proporcionalidad en el cálculo de la contribución motivó la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte de los empresarios. El TC no ha emitido su fallo sobre el particular.
Sectores empresarios afirman que la ley vigente coloca en una misma categoría a empresas con realidades muy distintas, incluyendo aquellas que no generan residuos sólidos, lo que afecta de manera desigual al sector privado.
