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Monte de los Olivos, San Antonio de Guerra, República Dominicana. — Decenas de familias residentes en la comunidad de Monte de los Olivos solicitaron al Gobierno dominicano y al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) la búsqueda de una solución justa y transparente para los ocupantes de buena fe de los proyectos Rosselin, Susan y Miguelina, quienes aseguran haber establecido sus hogares durante más de dos décadas.
De acuerdo con los comunitarios, a principios de los años 2000 el CEA inició un proceso de venta de solares en los proyectos Rosselin, Susan y Miguelina. Sin embargo, afirman que una parte importante de esas negociaciones entre particulares y el CEA nunca fue concluida, dejando numerosos terrenos sin una definición jurídica definitiva.
Ante esa realidad, muchas familias adquirieron los terrenos mediante negociaciones con terceros, creyendo actuar conforme a derecho y de buena fe. Desde entonces, sostienen que han mantenido una posesión pública, pacífica e ininterrumpida, invirtiendo sus ahorros en la construcción de viviendas y contribuyendo al desarrollo de la comunidad.
Los residentes explican que, tras el anuncio del presidente de la República sobre el programa de titulación de terrenos del CEA, las autoridades realizaron un censo para identificar la situación de los ocupantes. No obstante, manifiestan que posteriormente fueron convocadas personas que habían iniciado procesos de compra años atrás para completar los pagos pendientes y continuar con la obtención de los títulos de propiedad.
Esta situación, según expresan los comunitarios, ha generado incertidumbre y temor entre cientos de familias que podrían verse afectadas, pese a haber ocupado los terrenos de buena fe durante muchos años.
Los residentes hacen un llamado al presidente de la República, al CEA y a las instituciones competentes para que se realice una evaluación individual de cada caso, respetando el debido proceso, la seguridad jurídica y los principios de equidad y justicia social.
Asimismo, solicitan que ninguna familia sea desalojada sin antes agotarse los mecanismos de diálogo y sin considerar la realidad de quienes han consolidado sus hogares, han realizado mejoras permanentes y han contribuido al crecimiento de Monte de los Olivos.
Los comunitarios reiteran que su lucha no busca desconocer derechos legítimos de terceros, sino que se encuentre una solución que permita proteger a las familias que, durante más de veinte años, han vivido de manera pública, pacífica e ininterrumpida en esos terrenos, preservando la paz social y el derecho de todos a una solución legal y justa.
