ENREDADORD
Buenas tardes.
Aprovecho la oportunidad paara agradecer a los organizadores por tomar en cuenta la función del ministerial en el marco de esta conferencia del Poder Judicial.
El avance del sistema de justicia debe ser sostenible y participativo. Y es precisamente ahí donde entramos nosotros.
Con el trabajo que realizamos día a día, seguimos haciendo historia.
Cuando hablamos del ministerio del alguacil, casi siempre lo asociamos a su forma más tradicional: la notificación en físico, el contacto directo con las partes, el trabajo en la calle. Esa ha sido, durante años, la base de nuestra labor. Pero hoy estamos en un momento distinto, donde el sistema de justicia está cambiando, y nosotros tenemos que cambiar con él.
A lo largo de las distintas reformas del tren judicial, el rol del alguacil ha sido, en muchos casos, relegado. Y eso es una realidad que no podemos ignorar. Precisamente por eso, la Asociación Dominicana de Alguaciles ha insistido en la necesidad de una norma que coloque al ministerial en el centro del debate, reconociendo su verdadero valor dentro de la justicia.
Y aquí vale la pena hacerse una pregunta sencilla, pero clave: ¿es importante la función del ministerial?
La respuesta está en la Constitución. Los artículos 69 y 149 establecen garantías fundamentales del proceso y el funcionamiento del sistema judicial. Pero ninguna de esas garantías puede hacerse efectiva si no existe alguien que ejecute, que notifique, que lleve la decisión judicial a la realidad. Y ahí es donde entra el alguacil.
El alguacil no es un actor secundario. Es un auxiliar de la justicia con fe pública, encargado de ejecutar decisiones y garantizar que los actos procesales se cumplan. Sin esa función, la justicia se queda en papel.
Ahora bien, si miramos hacia atrás, vemos que este rol no es nuevo. Desde etapas como 1847, 1857, 1866, 1927, hasta hoy, el sistema judicial ha ido evolucionando, y con él, también el ministerio del alguacil.
En el caso de la ADA, desde su fundación en 1985, se han vivido momentos importantes: reformas, propuestas, avances institucionales en 2005, 2007, 2010, 2013, 2016, 2018, 2019, hasta años recientes. En cada etapa, ha habido un esfuerzo constante por fortalecer la clase ministerial.
Y es importante decirlo claro: muchas veces esos avances se han logrado en medio de limitaciones, con poco apoyo, pero con mucho compromiso. Esa es parte de la realidad que también hay que visibilizar.
Ahora, entrando en el tema central, ¿qué significa realmente hablar de transformación?
No se trata solo de tecnología. Se trata de un cambio en la forma de trabajar. Antes todo era papel, traslado físico, procesos largos. Hoy empezamos a ver notificaciones digitales, sistemas electrónicos, mayor rapidez en los procesos.
Pero eso también genera un reto: adaptarnos.
Y si llevamos esto a la realidad, podemos verlo claramente en la provincia de Santo Domingo. De 172 alguaciles que acuden al Centro de Citaciones, apenas unos 30 participan activamente. Actualmente, cerca del 90% de las citas y notificaciones todavía se realizan de manera física, y solo un 10% de forma telemática.
Esto ocurre en un contexto donde los tribunales penales generan alrededor de 4,500 requerimientos, lo que evidencia que no solo se necesita participación, sino también mayor integración, reuniones y capacitación para todo el universo de alguaciles.
También hay que reconocer los avances. Las citas, que antes se pagaban a 50 y 75 pesos, pasaron a partir del 2022 a 140 y 200 pesos si se realizan dentro de las primeras 48 horas. En términos económicos, entre 2018 y 2022 se pagaron once millones de pesos, mientras que entre 2022 y 2024 la cifra subió a sesenta millones, y en 2025 alcanzó ochenta y ocho millones de pesos.
Durante años hubo atrasos importantes en los pagos, de tres, seis y hasta doce meses. Sin embargo, a partir del diálogo con las autoridades, se ha logrado mayor agilidad: hoy los pagos se realizan de manera electrónica, y se empieza a hablar incluso de una “uberización” del sistema ministerial, donde la capacidad operativa permite que el alguacil reciba el pago prácticamente al momento de cumplir con la notificación.
Esto demuestra algo importante: el cambio ya está ocurriendo, pero todavía necesita fortalecerse.
Porque si el sistema cambia y nosotros no, nos quedamos atrás. Y no es solo un tema técnico, es un tema de preparación, de mentalidad y de asumir que el rol del alguacil sigue siendo necesario, incluso en lo digital.
La tecnología no sustituye al alguacil. Lo transforma.
Y ahí es donde entra la importancia de seguir impulsando iniciativas como la Ley del Alguacil, que busca fortalecer nuestra función, darle mayor claridad y posicionarla donde realmente corresponde dentro del sistema de justicia.
A lo largo de los años, se han trabajado propuestas, consultas, reuniones con distintos sectores. No ha sido un proceso fácil, pero sí necesario. Porque sin un marco claro, el rol del alguacil corre el riesgo de seguir siendo desplazado.
Entonces, más que ver el cambio como una amenaza, debemos verlo como una oportunidad.
Una oportunidad para capacitarnos, para organizarnos mejor, para elevar la calidad del servicio que ofrecemos. Porque al final, la justicia no solo depende de buenas decisiones, sino de que esas decisiones se cumplan.
Y eso, sigue pasando por nosotros.
Ojalá podamos seguir avanzando juntos hacia una justicia al día, ágil, accesible, íntegra y transparente, donde el centro sea siempre el ciudadano.
El alguacil ha pasado de lo tradicional a lo digital, pero su esencia sigue siendo la misma: ser garante de que la justicia llegue a la gente.
Ese es el reto… y también la responsabilidad.
Muchas gracias.
