ENREDADORD
Por Juan Pujols RD
El sur también existe. Y hoy más que nunca, exige ser escuchado frente a un tema que compromete su presente y su futuro: la explotación minera. No se trata de rechazar de manera absoluta el aprovechamiento de los recursos del subsuelo, sino de cuestionar con responsabilidad las condiciones en que históricamente se ha realizado en nuestro país.
He sostenido que los yacimientos minerales pueden y deben ser aprovechados, pero bajo un principio esencial: sin alterar el equilibrio del ecosistema. La vida, tal como la conocemos, depende de ese balance. Cuando se rompe, los efectos no solo son visibles en el medio ambiente, sino también en la salud, la economía y la calidad de vida de las comunidades.
La experiencia dominicana nos obliga a reflexionar. En Bonao, las operaciones de Falconbridge dejaron una huella profunda: suelos degradados, ríos afectados y un pasivo ambiental que aún pesa más que los beneficios generados. En Cotuí, donde la actividad minera ha evolucionado en ciertos aspectos, la riqueza extraída del subsuelo no se ha traducido proporcionalmente en bienestar para su gente. Persisten la pobreza, la desigualdad y la percepción de abandono institucional.
Estos antecedentes plantean una interrogante crucial: ¿qué garantías reales existen de que en San Juan de la Maguana el resultado será distinto? Más aún, el impacto potencial no se limitaría a una provincia, sino que podría extenderse a toda la región sur, afectando fuentes de agua, agricultura y ecosistemas vitales.
La falta de confianza no surge del capricho, sino de la historia. Y esa historia evidencia una débil supervisión estatal, escaso seguimiento a los compromisos ambientales y una distribución desigual de los beneficios económicos.
Ante este panorama, no basta con promesas. Es imprescindible exigir estudios técnicos profundos, independientes y transparentes. La Academia de Ciencias, junto a otras instituciones especializadas, debe asumir un rol protagónico en la evaluación de cualquier proyecto minero. Se requiere determinar, con rigor científico, si es posible una convivencia real entre la minería, la protección del medio ambiente y el desarrollo social.
El país necesita desarrollo, sí. Pero no a cualquier costo. El verdadero progreso no puede construirse sobre la degradación de los recursos naturales ni sobre comunidades que cargan con las consecuencias mientras otros reciben los beneficios.
San Juan y el sur merecen una oportunidad distinta. Una donde el crecimiento económico vaya de la mano con la sostenibilidad, la equidad y la responsabilidad ambiental. De lo contrario, estaremos repitiendo los mismos errores, con consecuencias cada vez más difíciles de revertir.
El sur también existe. Y su futuro no puede seguir hipotecándose
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